Estraperlo

El término estraperlo es usado en España para referirse al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión, es una actividad irregular o intriga de algún tipo, y se usa como sinónimo de mercado negro. A quien practica el estraperlo se le llama «estraperlista».
El origen de este acrónimo está en un escándalo político, producido como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca Straperlo, nombre derivado de los apellidos de quienes promovieron el negocio (Strauss, Perlowtiz y Lowann), y que habrían aportado al acrónimo letras en cantidad proporcional a la participación en la empresa[1] (otras versiones afirman que el término procede solamente de los dos primeros nombres).
Historia
[editar código · editar]Los juegos de azar –especialmente la ruleta– estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de países europeos. Sin embargo, en la década de 1930, se popularizaron numerosos modelos de pseudorruletas, que funcionaban alegremente en los grandes casinos de todo el continente. Los empresarios Daniel Strauss (que disponía de pasaporte mexicano y hablaba español), Joachim Perlowitz y Frieda Lowann (esta última esposa del primero) volvieron su atención hacia España. En Madrid, el Gobierno estaba formado por una alianza de partidos de centro-derecha, y varios miembros del Partido Radical se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del straperlo.
A lo largo del mes de junio de 1934, los empresarios y los políticos llegaron a un acuerdo económico para explotarlo en el casino de San Sebastián (Guipúzcoa). Varios personajes en la órbita del Partido Radical harían valer sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio. Según la versión de Strauss, Alejandro Lerroux (líder del Partido Radical) recibiría el 25 % de los beneficios; Juan Pich y Pon, un 10 %; Aurelio Lerroux (sobrino y ahijado de Alejandro Lerroux), Miguel Galante y el periodista Santiago Vinardell, un 5 %. Además, para asegurarse la cooperación del ministro de la Gobernación Rafael Salazar Alonso, Juan Pich y Pon se había comprometido a hacerle llegar un soborno de 100 000 pesetas, y otro soborno de 50 000 pesetas para el director general de Seguridad, José Valdivia y Garci-Borrón.[2]
El juego fue prohibido por la policía tras demostrarse que era fraudulento (pues la rueda se controlaba mediante un botón y, por lo tanto, la banca ganaba siempre que lo deseaba),[3] lo que no impidió que funcionara también en el hotel Formentor (Mallorca), donde luego también fue clausurado.
El «escándalo del estraperlo» salió a la luz pública en octubre de 1935, a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora en la que exigía una «indemnización» por los gastos de instalación del juego conocido popularmente como «estraperlo» en los casinos de San Sebastián y Formentor, y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a «familiares y amigos» de su líder Alejandro Lerroux.[4] Alcalá-Zamora recibió el dosier completo con toda la trama de corrupción que le envió Strauss a principios de septiembre de 1935 y se lo enseñó a Lerroux, que entonces era el presidente del gobierno, pero este no le dio importancia y, al parecer, le dijo que sería muy difícil probar sus presuntos contactos con Strauss.[5] Tras la crisis de gobierno que se produjo a mediados de septiembre en que Lerroux renunció a seguir encabezándolo (según el historiador Gabriel Jackson porque Alcalá-Zamora le obligó a dimitir al conocer el dosier de Strauss),[6] a comienzos de octubre el presidente de la República trasladó la denuncia al nuevo gobierno radical-cedista presidido por Joaquín Chapaprieta, en el que Lerroux era ministro, y le obligó a que el caso fuera debatido en las Cortes, donde se formó una comisión parlamentaria.[7]
El dictamen de la misma señaló que habían habido actuaciones "que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen". El 28 de octubre de 1935 las Cortes votaron la culpabilidad de los acusados por la comisión (excepto Salazar Alonso, exministro de la Gobernación que fue quien firmó el permiso), todos ellos destacados miembros del Partido Radical: Emiliano Iglesias, Joan Pich i Pon, Sigfrido Blasco-Ibáñez, Aurelio Lerroux (hijo adoptivo de Alejandro Lerroux) y Eduardo Benzo (exsubsecretario del Ministerio de la Gobernación que había gestionado el permiso). Al día siguiente Alejandro Lerroux abandonó el gobierno.[7]
Dictamen parlamentario
[editar código · editar]El dictamen de la comisión parlamentaria señaló que habían existido actuaciones «que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen». El 28 de octubre de 1935 las Cortes votaron la culpabilidad de los ocho acusados por la comisión (excepto Salazar Alonso, exministro de la Gobernación, que fue quien había firmado el permiso), todos ellos destacados miembros del Partido Radical: Emiliano Iglesias, Juan Pich y Pon, Sigfrido Blasco-Ibáñez, Aurelio Lerroux (hijo adoptivo de Alejandro Lerroux) y Eduardo Benzo (exsubsecretario del Ministerio de la Gobernación que había gestionado el permiso). Al día siguiente, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno.[7] Otros republicanos radicales salieron salpicados en la denuncia de Straus, como Luis Tornar y Casas o Paulino Uzcudun.[cita requerida]
Este caso de corrupción, junto con el que estalló poco después (el denominado escándalo Nombela), supuso el derrumbe del Partido Radical, lo que puso fin al denominado «bienio conservador». Tras celebrarse elecciones generales en febrero de 1936, estas fueron ganadas por el Frente Popular.
Generalización del término: el estraperlo durante la dictadura franquista
[editar código · editar]A partir del escándalo que implicó a dirigentes del Partido Republicano Radical la palabra estraperlo ha quedado como sinónimo de chanchullo, intriga o negocio fraudulento. Así, por extensión, se denominó también estraperlo, durante la posguerra española, al comercio ilegal (mercado negro) de los artículos intervenidos por el Estado y sujetos a racionamiento (decretado por el régimen franquista desde 1939 hasta 1952). Miguel Ángel del Arco Blanco ha definido el estraperlo como «la venta ilegal a precios no oficiales —siempre mucho más elevados— de productos intervenidos por el Estado, obteniendo un beneficio». «Fue hijo de la funesta política autárquica, que ansiaba controlar la mayoría de los artículos necesarios para sobrevivir y fijaba unos precios ajenos al mercado», añade este historiador.[8]
Del Arco ha propuesto distinguir entre el «estraperlo de los pobres», que no puede ser calificado como corrupción ya que en él participaron los grupos sociales más bajos, ajenos a las instituciones franquistas, y que lo único que buscaban era sobrevivir a la hambruna, y el «gran estraperlo», que «no estuvo originado en la escasez o en la desesperación personal, sino en el afán de lucro ante una situación de penuria» y cuyos responsables «fueron personalidades cercanas al régimen franquista o, directamente, pertenecientes a sus instituciones. No consistía en la venta de productos puntuales en el mercado negro, sino más bien en el transporte y la comercialización de grandes cantidades de artículos agrícolas o industriales».[9]
La implicación en el estraperlo de las autoridades franquistas, civiles y militares, fue constatada por los residentes o viajeros extranjeros, como el cónsul francés en Sevilla que en 1946, uno de los peores años de la hambruna, envió a su gobierno el siguiente informe: «Los funcionarios españoles de todos los escalones, civiles y militares, comenzando por los gobernadores de la provincia, grandes jefes de la distribución de los productos racionados... [hacen] fortunas considerables y rápidas con procedimientos que tienen como consecuencia el aumento de la subalimentación de la población y del precio de la vida». El periodista e historiador británico Basil Davidson de viaje por España por esas mismas fechas escribió en Report on Spain, obra publicada en 1951: «la masiva burocracia (tanto civil como militar) constituye hoy la clase oligárquica y la principal beneficiaria del régimen», siendo «normalmente corrupta, eficiente solo en su propio interés y prueba de todas las ideas que no llevan a una auténtica expansión de la economía».[10]
Esta implicación de las autoridades franquistas en el estraperlo es lo que explica que el «gran estraperlo» fuera apenas perseguido y que sus responsables quedaran impunes —cuando en algún caso se los sorprendía utilizaban sus contactos políticos para no ser castigados—. Fue el caso, por ejemplo, de un capitán del ejército responsable de cinco vagones cargados de garbanzos sin guía de circulación. Sucedió en Málaga en septiembre de 1941 y cuando fue requerido por el alcalde de la localidad al no disponer de documentación oficial aseguró que el traslado estaba autorizado por la Capitanía General y que se comprometía a «asumir toda la responsabilidad». Así que los vagones pudieron seguir su marcha y nada más se supo de ellos. En cambio, sobre los pequeños estraperlistas, que lo que buscaban era sobrevivir y no hacerse ricos, el Estado (fundamentalmente por medio de la Fiscalía de Tasas) desplegó una creciente espiral represiva —con multas y penas de cárcel cada vez más altas—, pero que no consiguió acabar con el estraperlo.[11]
Referencias
[editar código · editar]- ↑ Diccionario de Usos y Dudas del Español Actual, José Martínez de Sousa, VOX, Círculo de Lectores, 1999
- ↑ Un documento sensacional, en El Diario Palentino, 26 de octubre de 1935, pág. 1.
- ↑ «Sobre el origen del término.». Archivado desde el original el 16 de octubre de 2012. Consultado el 1 de agosto de 2007.
- ↑ Sobre las repercusiones políticas del escándalo del estraperlo, véase Nigel Townson: "La ruptura de un consenso: los escándalos Straperlo y Tayá, Historia y Política, núm. 4, 2000. http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=633&IDA=26608
- ↑ Casanova, Julián (2007). República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Barcelona: Crítica/Marcial Pons. pp. 148-149. ISBN 978-84-8432-878-0.
- ↑ Jackson, Gabriel (1976). La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939. (The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939. Princeton, 1965) (2ª edición). Barcelona: Crítica. p. 167. ISBN 84-7423-006-3.
- 1 2 3 Gil Pecharromán, Julio (1997). La Segunda República. Esperanzas y frustraciones. Madrid: Historia 16. pp. 97-98. ISBN 84-7679-319-7. «El escándalo, poco importante en sí mismo, ponía de relieve la existencia de un cierto grado de corrupción entre los cuadros del Partido Republicano Radical».
- ↑ Del Arco Blanco, 2025, p. 84.
- ↑ Del Arco Blanco, 2025, pp. 84-85.
- ↑ Del Arco Blanco, 2025, pp. 86-87.
- ↑ Del Arco Blanco, 2025, pp. 91-95.
Bibliografía
[editar código · editar]- Del Arco Blanco, Miguel Ángel (2025). La hambruna española. Victoria y muerte en la posguerra. Barcelona: Crítica. ISBN 978-84-9199-801-3.
- Marc Fontbona, El estraperlo, una ruleta política, "La Aventura de la historia" (Madrid), núm. 120 (octubre de 2008), 36-40.
- "El caso Strauss. El escándalo que precipitó el final de la II República", de José Carlos García Rodríguez (Editorial Akrón, Astorga -León- 2008, ISBN 978-84-936725-0-8).
- "El preu de la fam. L'estraperlo a la Catalunya de la Postguerra." de Laura de Andrés Creus (Editorial Ara Llibres, Badalona 2010, ISBN 978-84-92552-68-9).
- El Mundo - El Straperlo, la ruleta política Archivado el 20 de octubre de 2013 en Wayback Machine.
- Las Provincias - Estraperlo: la corrupción desacredita a la política